Tirón de orejas a España y otros 25 países por su ritmo en la adopción de normativas para las renovables

08/10/2025 9:01:10

Línea Verde

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La Comisión Europea ha dado un paso firme en su agenda de transición energética al abrir expedientes de infracción a casi todos los estados miembros, incluyendo a España, por su retraso en la implementación de las nuevas normativas diseñadas para acelerar el despliegue de energías renovables. La institución comunitaria, a través de un reciente comunicado, ha puesto de manifiesto la falta de diligencia de los países del bloque en un asunto considerado crucial para el futuro climático y económico de la región.

El calendario establecido por la directiva adoptada en 2023 marcaba el 21 de mayo de este año como fecha límite para que los socios de la UE integraran en sus legislaciones nacionales la mayoría de las disposiciones contenidas en el texto. Un plazo incluso más estricto, el 1 de julio de 2024, se había fijado para aquellas medidas específicas destinadas a agilizar los permisos para nuevos proyectos de energías renovables. Sin embargo, la respuesta ha sido mayoritariamente insuficiente.

El Ejecutivo comunitario ha informado de que, por el momento, solo Dinamarca ha logrado cumplir con los plazos estipulados. Como consecuencia, Bruselas ha enviado una carta de emplazamiento a los otros 26 estados miembros, un primer paso formal en los procedimientos de infracción europeos. Este proceso, que puede escalar progresivamente, podría culminar en la remisión de los casos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo.

Despliegue de energías renovables

La directiva en cuestión tiene un objetivo claro y ambicioso: «acelerar el despliegue de energía renovable en todos los sectores de la economía», según defiende la Comisión Europea. Este impulso no se limita únicamente al sector eléctrico, sino que se extiende a áreas donde la transición es especialmente compleja, como la calefacción y la refrigeración, la construcción de edificios, el transporte y la industria.

Bruselas ha subrayado la naturaleza «instrumental» de esta normativa, argumentando que su correcta aplicación es fundamental para impulsar la producción de energías de origen renovable dentro de la UE. El objetivo último es doble: por un lado, acelerar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para cumplir con los compromisos climáticos; por otro, «fortalecer la seguridad energética del bloque», reduciendo la dependencia de fuentes externas y, por ende, de la volatilidad geopolítica.

Producción de energía limpia

Además de los beneficios ambientales y de seguridad, el Ejecutivo comunitario defiende que estas nuevas normas también «contribuirán a bajar los precios de la energía y a reforzar la competitividad de la economía europea». Se espera que una mayor producción de energía limpia y localmente generada tenga un efecto positivo en las tarifas energéticas y en la capacidad de las empresas para competir en el mercado global.

Los estados miembros apercibidos disponen ahora de un plazo de dos meses para presentar sus alegaciones y contestar a las autoridades comunitarias. Si las respuestas no satisfacen a Bruselas, el siguiente paso podría ser el lanzamiento de un ultimátum formal, antes de que el asunto se eleve al TJUE. La situación pone de manifiesto la tensión entre la ambición climática de la UE y la capacidad o voluntad de sus miembros para traducir esos objetivos en acciones legislativas concretas y a tiempo.

 

Redacción Ambientum

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